El estado del momento económico, político y de las administraciones públicas, ha conducido a APROMAR a redactar un documento que de forma sumaria explica las causas del estancamiento del sector y propone soluciones factibles.
5 de marzo de 2012. La acuicultura marina de peces es una actividad económica relevante en la mayor parte de las costas españolas. Este sector lo forman empresas competitivas e innovadoras que están en la vanguardia de la acuicultura en Europa, que ofrecen empleo de calidad y que comercializan sus productos tanto en España como en mercados exteriores. Sin embargo, en los últimos años su desarrollo en España se ha visto frenado por motivo de la inadecuación del marco administrativo en el que debe desenvolverse y por la inexistencia de igualdad de oportunidades para competir en la Unión Europea. Es paradójico que la acuicultura marina española, pudiendo estar contribuyendo a remontar la adversa situación de crisis económica general, se esté viendo abocada a un estancamiento por cuestiones superables.
APROMAR urge la solución de un decálogo de cuestiones concretas que son perfectamente asumibles si se cuenta con voluntad política y capacidad de alineamiento de las administraciones implicadas. La meta de todos ellos es la reducción de costes administrativos superfluos que pesan sobre la acuicultura y establecer unas condiciones de igualdad de oportunidades para que las empresas puedan competir en base a su eficiencia individual.
DECÁLOGO
1. Trabas administrativas
La excesiva dificultad y tiempo necesario para la obtención y renovación de permisos y concesiones necesarios para el desarrollo de la actividad, está frenando la iniciativa empresarial.
La acuicultura es una actividad extremadamente regulada por parte de las administraciones. Esto conlleva la obligatoria obtención de permisos, concesiones y autorizaciones cuya consecución y renovación resultan hoy tan difíciles y lentas que desincentivan los proyectos empresariales.
Muchos de los trámites para autorizaciones serían evitables con una adecuada Planificación Estratégica de la acuicultura y una concordante Ordenación Espacial. Por otra parte, APROMAR recalca que es necesario optimizar la coordinación entre administraciones y departamentos públicos.
2. Disparidad de legislaciones entre Comunidades Autónomas, que fragmentan el mercado
El actual contexto administrativo de España produce una distorsión del mercado nacional y la inexistencia de igualdad de oportunidades a causa de normativas autonómicas divergentes. Estas diferencias se acrecientan por la interpretación desigual, por parte de las CCAA, de normativas de rango superior (nacionales o europeas). Esta situación ocurre, entre otras, ante normas de seguimiento ambientales, con distintas exigencias para el otorgamiento de concesiones, diferencias en el etiquetado, incompatibilidades entre titulaciones profesionales (buceo, por ejemplo) que encarecen los costes de producción y dificultan los movimientos de trabajadores. Todo ello redunda en la no existencia de igualdad de oportunidades para las empresas.
APROMAR propone, primero, la coordinación entre CCAA en la promulgación de normativas. Y segundo, la adopción de un mismo criterio a la hora de interpretar o mejorar normas de naturaleza superior (nacional o europeo). En este sentido puede potenciarse la Junta Asesora Nacional de Cultivos Marinos (JACUMAR) como órgano de trabajo y coordinación.
3. Injusta exigencia a las concesiones de acuicultura en el dominio público marítimo-terrestre del pago de un doble canon de ocupación y aprovechamiento
Este doble canon produce una desincentivación de la inversión material sobre el dominio público marítimo-terrestre (que en acuicultura es de cuantías muy elevadas), especialmente al aproximarse el final del periodo concesional. Ello supone una limitación directa a las expectativas de pervivencia temporal de las granjas de acuicultura y una merma de su competitividad por falta de alicientes a la innovación. Adicionalmente, y dado que el problema se produce por una interpretación particular de la Ley de Costas, las empresas sufren inseguridad jurídica en su ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
Se propone la revisión de la interpretación del artículo 84 de la Ley de Costas, en el sentido de exigir a las granjas de acuicultura únicamente el canon de ocupación y aprovechamiento que les es específico, o bien la elaboración de una nueva redacción para dicho artículo de la Ley de Costas.
4. Exigencia de Tasas de Puertos desorbitadas a las empresas de acuicultura por el uso de las instalaciones portuarias
Hoy en España se produce una enorme variabilidad en la competitividad de las empresas de acuicultura localizadas en el mar en jaulas o viveros flotantes en función del puerto base usado y no de los servicios portuarios que utilizan. Ellos va contra la igualdad de oportunidades.
APROMAR propone la adecuación de las tasas de puertos a los usos reales que de los mismos hacen las empresas de acuicultura marina, y una uniformización impositiva entre todos los puertos de España.
5. Pérdida de la propiedad privada de las fincas de acuicultura por una aplicación restrictiva de la Ley de Costas
La aplicación actual de la Ley de Costas produce una vulneración del derecho a la propiedad privada, una desincentivación de la inversión material sobre el terreno y un empeoramiento de las condiciones de financiación empresarial. Esta situación afecta específicamente a la acuicultura en antiguas salinas o esteros.
Se propone el trazado de los deslindes siguiendo las “vueltas de afuera” tradicionales de las fincas de acuicultura, que son las que marcan el límite al recorrido de las mareas. Para ello es necesario reinterpretar o modificar la Ley de Costas.
6. Interpretación sumamente restrictiva de las limitaciones para el ejercicio de la acuicultura en áreas de Red Natura 2000, e incerteza respecto de la viabilidad de los proyectos y las medidas protectoras a imponer
Esta situación supone el descarte prácticamente automático, y a menudo infundado, de muchas de las zonas más aptas para el desarrollo de la acuicultura, que por esencia ha de radicar en ubicaciones remotas frecuentemente catalogadas como parte de la red Natura 2000.
APROMAR propugna la apertura proactiva y coordinada, por las administraciones implicadas, de los criterios de valoración de la sostenibilidad ambiental, para permitir el desarrollo de proyectos acuícolas que, de conformidad con la previsión de la propia Directiva Hábitats, presenten la triple sostenibilidad (ambiental, económica y social), valoradas en conjunto.
7. Absoluta disparidad en los requisitos administrativos y legales exigidos para ejercer la acuicultura dentro y fuera de la UE, especialmente respecto de ciertos países emergentes netamente exportadores de producto acuícola
En el seno de la UE coexisten dos realidades injustamente desiguales: las empresas nacionales europeas deben producir bajo unas condiciones muy exigentes desconocidas en países terceros –con la consiguiente sobrecarga de costes que han de trasladar al precio—, mientras que las empresas radicadas en países terceros que exportan a la UE venden a precios inferiores debido a sus menores costes. El mercado y la leal competencia están distorsionados en perjuicio del producto cultivado dentro de la Unión.
APROMAR propone la corrección de la desigualdad exigiendo que todos los pescados de acuicultura comercializados en la UE acrediten condiciones equivalentes de producción en todos los ámbitos incidentes en el coste productivo final.
8. En el caso particular de Turquía, además, existencia de un subsidio directo a la producción de acuicultura en aquel país, a la vez que existe un arancel a las importaciones de los mismos productos para su entrada en Turquía
A igualdad de eficiencia y costes de producción, este subsidio permite a las empresas turcas vender su pescado en España a menor precio y con mayores beneficios que las empresas españolas; mientras los productores de la UE, por el contrario, tienen que pagar un arancel para exportar a Turquía. Es otra muestra de la inexistencia de igualdad de oportunidades.
Se propone exigir al Gobierno de Turquía del cese inmediato del pago de estas subvenciones y levantamiento de su arancel.
9. Falta de reciprocidad en cuanto a ingredientes de piensos entre lo exigido a los productores de acuicultura de España y a los de países terceros que venden su producción en España
El pienso es el principal coste de producción de los peces de acuicultura. La posibilidad de incluir en él materias primas que, si bien no afectan a la seguridad alimentaria, están prohibidos en la Unión Europea por motivos precautorios, supone una fuerte ventaja competitiva para las empresas localizadas en países terceros (por ejemplo Turquía) que venden sus productos en el mercado europeo. Esta situación acentúa la no existencia de igualdad de oportunidades.
APROMAR propugna exigir a los pescados de acuicultura que sean importados a la Unión Europea, mediante el control de su trazabilidad, el haber sido alimentados con piensos que reúnan las mismas condiciones que los utilizados en la UE.
10. Deficiente etiquetado de los productos acuáticos en los puntos de venta al consumidor final. Especialmente la venta de producto descongelado con la etiqueta de fresco
A día de hoy en España los consumidores no disponen en las pescaderías de información suficiente como para realizar compras responsables y se guían principalmente por el precio, sin poder ponderarlo con la calidad, origen o forma de conservación. Es especialmente grave la venta en ocasiones de producto descongelado como si fuera fresco. Esta situación juega en contra de la producción de calidad española frente a la de menor calidad procedente de países terceros.
Se debe exigir, por parte de las administraciones competentes, del cumplimiento de la legislación vigente en materia de etiquetado al consumidor final y de trazabilidad a lo largo de la cadena de valor.
